Sr. Macaluse: -Señor presidente: me piden que diga dónde voy de vacaciones, pero si lo hago, van a pensar que es una chicana, porque se trata de Mar de Cobo. (Risas.)
Estamos trabajando tarde sobre un moribundo que hay que reanimar. El Congreso debió haberse hecho cargo antes de este problema, porque no era la primera vez que los trabajadores de Aerolíneas manifestaban de todas las maneras posibles las dificultades y los delitos que se cometían en esa empresa.
Estamos trabando tarde, y por eso el problema es muy complejo. No hay muchas alternativas: debemos privilegiar tres objetivos. El primero es que la empresa siga operando y preste un servicio a los usuarios. El segundo, que los trabajadores conserven su fuente de trabajo, su salario, su antigüedad y su escalafón. El tercero, que el Estado nacional no pague aquella deuda que no contrajo.
Estos son los objetivos que deberíamos proponernos. Estamos trabajando desde hace varios días –nos habría gustado tener algunos más‑ para acordar de qué forma podríamos resolver este problema. Para ello creemos que es necesario discutir tres aspectos.
Uno está vinculado con los negociados, a fin de que no haya impunidad. Otro se refiere al papel del Congreso, a fin de tener soluciones. Luego están los condicionantes que tienen el Congreso, el Estado nacional y todos los ciudadanos, en virtud de algunos acuerdos que se han firmado con anterioridad.
Si tomamos los negociados, no podemos dejar de analizar el papel que cupo a esta compañía. El objetivo principal de esta empresa –no sólo de ella sino también del Estado español‑ ha sido convertirse en la puerta de ingreso del turismo a la Argentina de todos lo que viajen desde Europa o América del Norte. Ha intentado eliminar a un competidor y quedarse con las rutas.
Cumplida una parte de esos objetivos, e imposibilitados de conseguir el otro, se dedicaron a depredar y completar el trabajo de vaciamiento que había iniciado Iberia.
Por lo tanto, el papel del Estado español en la depredación del patrimonio de Aerolíneas Argentinas es ineludible y casi inescindible, porque fue ese Estado el que decidió que Marsans se hiciera cargo de Aerolíneas Argentinas a pesar de que uno de sus principales accionistas era Mata, que en España había sido condenado por alzamiento de bienes, figura que aquí se conoce como fraude. Como no es casual que hayan elegido a esa empresa, deberemos tenerlo en cuenta cuando el Estado español efectúe algún tipo de reclamo.
Concretado el vaciamiento, los directivos de la empresa concurrieron a este Parlamento esgrimiendo tres hechos como los causantes de los problemas de Aerolíneas Argentinas: el 11 de septiembre, el aumento del precio del petróleo y el accionar de los gremios. Es decir que para la empresa que se dedicó a vaciar el patrimonio de Aerolíneas Argentinas los responsables son Ben Laden y los trabajadores. Nosotros no podemos tomar ese comentario ni siquiera como un chiste de mal gusto. (Aplausos.)
Entonces, para que no haya impunidad, durante el debate en particular vamos a proponer que el Estado nacional se presente en los estrados judiciales para demandar a la empresa Marsans por todo lo que ha ocurrido. (Aplausos.)
Si hablamos de negociados no podemos dejar de mencionar el papel que le cupo a Ricardo Jaime. Como en los últimos años ha conducido en forma férrea el sistema de transporte de nuestro país, resulta imposible pensar que no haya contado con instrumentos ni con poder político para seguir de cerca la evolución de la empresa.
Si revisamos el sistema de transportes nos encontraremos con que el transporte de pasajeros y de carga, tanto ferroviario como automotor y aéreo, están fuertemente subsidiados, pero ninguno está integrado y no brindan un buen servicio a los usuarios argentinos.
Por lo tanto, resulta inentendible que siga en funciones un funcionario que fue demandado en una causa penal por el fiscal de investigaciones administrativas, acusándolo de administración fraudulenta en la causa de Ferrocarriles. Hablamos de un funcionario que en nombre del Estado nacional suscribió un acta clandestina con la empresa Marsans, que finalmente se cayó por imposibilidades técnicas, económicas y políticas, pero no por falta de voluntad. Luego suscribió el acta que hoy estamos considerando y que desde ya no vamos a aprobar. Es decir que se trata de un funcionario que suscribió dos actas que carecen de vigencia.
La fortaleza política de ese funcionario se encuentra cuestionada. Este es uno de los efectos no queridos del presente debate, pero no tengo dudas de que se trata de uno de los puntos más saludables, porque en nuestra opinión este funcionario no sólo debe renunciar sino que también tiene que pasar por los tribunales a fin de explicar lo que hizo y dejó de hacer en la función pública para controlar los transportes argentinos.
También debemos tener en cuenta cuál es el papel del Congreso. Mucho se ha hablado sobre el nuevo rol que debe desempeñar el Parlamento. En realidad, más que un nuevo rol lo que tiene que hacer el Poder Legislativo es recuperar las funciones que la Constitución Nacional le asigna, que poco a poco se fueron dejando de lado. Esto lo debilitó institucionalmente y enervó las posibilidades de implementar controles cruzados en el Estado.
El Poder Ejecutivo envió un proyecto que ha sido considerado por este Congreso. Durante estos años una y mil veces se ha demandado al oficialismo que rompa la disciplina férrea para que el Parlamento deje de ser una escribanía. Pues bien, el oficialismo ha contemplado el proyecto del Poder Ejecutivo y le ha introducido modificaciones, cosa que nosotros debemos reconocer. Si el oficialismo hizo lo que nosotros veníamos demandando y rompe esa disciplina férrea, nobleza obliga, uno no puede menos que acompañarlo.
Por eso no sólo hay que discutir el papel del oficialismo sino también el de la oposición. Como bien se dijo acá, la oposición debe controlar. Ustedes nos conocen, nosotros somos duros controlando, pero a la vez tenemos que ayudar a buscar soluciones a problemas que son altamente complejos y que en algunos casos se pueden resolver fácilmente en la mesa de arena, pero en el campo de batalla los tanques se empantanan. Es muy fácil resolverlos en la verborragia teórica pero muy difícil en la realidad. Y en este Congreso tenemos que resolver un problema muy complejo porque en este tema de Aerolíneas venimos de desaguisado en desaguisado.
En una empresa estratégica tenemos la responsabilidad de actuar en términos de política de Estado y juntar toda la fuerza que tenga el Estado nacional para poder discutir y negociar con otro Estado y otra empresa en las mejores condiciones. Actuar en términos de política de Estado implica buscar consensos, cuestión que nosotros hemos demandado. El oficialismo ha dado un paso y nosotros creemos que tenemos la obligación de dar otro.
Por su parte, actuar en términos de consenso significa ceder. Tal vez nosotros no hubiéramos resuelto esta situación como lo plantea en estos momentos el oficialismo. Pensábamos que había que prolongar de otra forma la transición y sentarnos a discutir de otra manera.
Sin embargo, entendemos que se han introducido modificaciones sustanciales que permiten que ésta sea una transición con fuerte control del Congreso y que sea éste, con la asesoría de la Auditoría General de la Nación, el que termine fijando el precio final de la empresa.
Para esto es necesario agregar en el dictamen dos aspectos que entendemos vitales: en primer lugar, que conste claramente que el precio con el cual va a ser tasada la empresa se considerará a julio de este año, con la empresa casi quebrada y no con el flujo futuro de caja, una vez que el Estado coloca dinero, salva la empresa, la hace funcionar como corresponde, con lo que obviamente va a valer mucho más. En segundo lugar, se debe establecer con absoluta claridad que el Estado no se va a convertir en socio bobo poniendo el dinero para salvar la empresa, invirtiendo y haciéndose cargo del pasivo para después volver a privatizarla a fin de que empresas privadas hagan usufructo de esa inversión del Estado. Tiene que constar claramente que sea cual fuese la resolución a la que se llegue en esta transición, el Estado nacional va a quedarse como mínimo con la mitad más uno de las acciones, el control de la empresa y el poder de veto. Esta es la condición sine qua non que nuestro bloque tiene para votar favorablemente en general aclarando que presentaremos observaciones durante la discusión en particular.
¿Qué puede suceder ahora que el Congreso es el que toma en sus manos esta negociación y plantea que no va a aceptar la forma de valuación que constaba en el acta, que no va a votar el acta y que quiere ver un estudio desagregado de esa deuda antes de votar si valida o no y perfecciona la compra de las acciones? Puede suceder que la empresa acepte, con lo cual estaremos en muchos mejores términos que el acta, o bien que no acepte, con lo cual caería el acta, que era uno de los objetivos que tenía tanto el oficialismo como la oposición. Entonces, negociaremos en otras condiciones, sin dejar de contemplar la posibilidad de la expropiación. Los compañeros del socialismo presentaron un buen proyecto, que se puede tener en cuenta como un plan B en caso de que la empresa no acepte. Si esto ocurre, algunos dirán que van a acudir a los tribunales internacionales. Probablemente van a ir al CIADI. Esto lo podían hacer aún cuando nosotros no aprobáramos lo que vamos a aprobar ahora, y lo pueden hacer porque hay dos leyes: una de las cuales hay que denunciar, que es el tratado de protección de inversiones, no sólo con España sino con otros cincuenta y tres países, que se nos vendieron en los 90 como la salvación del Estado para que vengan inversiones extranjeras. Mientras Brasil tiene dos tratados firmados, nosotros tenemos cincuenta y cuatro.
Ahora bien, yo pregunto adónde fueron a parar las inversiones internacionales: ¿a Brasil o a la Argentina? Eso demuestra que los tratados de protección de inversiones son innecesarios y que no tenían como objetivo traer las inversiones extranjeras sino generar una telaraña jurídica, ya que cada uno de esos acuerdos deben ser leídos como parte de un complejo rompecabezas, porque integran un todo e imposibilitan que el Estado nacional tenga una política soberana y se pueda sacar el cepo que se le puso en los 90.
Esos tratados deben ser denunciados en tiempo y forma. Hace más de dos años he presentado proyectos de ley para que esos tratados se denuncien porque actúan como una cadena no sólo sobre este gobierno sino para cualquier gobierno que intente soberanamente tomar decisiones en nuestro país con inversiones que se han hecho desde el exterior.
La otra ley que hay que declarar nula es la ley de ingreso de la Argentina al CIADI porque no tuvo el voto de los dos tercios que establece la Constitución de 1994 para este tipo de tratados internacionales. Mientras no hagamos eso seguiremos teniendo los mismos problemas, imposibilidades de resolver cuestiones económicas como ésta o más graves y continuaremos sometidos. Por eso éste es un tema vital y central, junto con la deuda externa, para sentarnos a resolver en esta nueva etapa del Congreso.
Sabemos que lo que estamos diciendo entraña riesgos. Sabemos que es un riesgo votar favorablemente este proyecto de ley habiendo funcionarios de las características de Jaime, pero creemos que si vamos a generar una política de Estado y si estamos demandando la intervención del Congreso todos tenemos que poner un poco de nosotros para que más que tratar de levantar votos de la ciudadanía por los costos políticos que tenga que pagar quien gobierna, cada uno de nosotros contribuya para que se puedan solucionar problemas no sólo de los trabajadores, algunos de los cuales están presentes, sino del conjunto de los ciudadanos y que eso no sea oneroso para el país. (Aplausos.)
