La única política pública que el "fenómeno" cartonero produjo pertenece a la ciudad. La primera, a partir de la ley 992 (que regula la actividad, reconoce a los cartoneros como actor informal en el sistema de recolección urbano) crea el Programa de Recuperadores Urbanos (PRU), donde se los registra. La segunda ley (la reciente ley de Basura 0) fue impulsada por, por ejemplo, Greenpeace, y resignifica al PRU en el programa Buenos Aires Recicla (BAR). Y establece metas de reducción del entierro de residuos sólidos urbanos -quizás- incumplibles, sin un sector profundamente vinculado a la actividad del reciclado y la recuperación. Y estos son, aunque en el eslabón productivo mas débil, los cartoneros. Las empresas de recolección, las que pliego de licitación tras pliego de licitación se llevan la torta, según el último pliego se comprometen sólo a garantizar (y ser pagados por) "zona limpia". ¿Qué pasó? Antes, cuando los cartoneros no existían, se les pagaba a esas empresas por tonelada de basura. ¿Se entiende?
El pasaje de un programa al otro (del PRU al BAR) es la mutilación de un sujeto que sería esencial para cumplir las metas... El sujeto cartonero (cuyo eufemismo es "recuperador urbano") se corre por el de una ciudad, que recicla. Se reinstala en el centro de la política nuevamente un horizonte defensivo. ¿Cuántos cartoneros trabajan en la ciudad? La estadística limitadísima dice que no mas de 10.000. De esos, por lo menos, el 80% pertenece al conurbano de la provincia de Buenos Aires. El restante 20%, en su mayoría, vive en lo que corresponde al CGP 5 y 8, o sea, Pompeya, Bajo Flores, Villa Lugano y Villa Soldati. Que es donde se libra, día a día, la lucha por el derecho a la ciudad.
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