porque me toca...

(Macri tiene el récord de "volver sobre sus pasos" de toda la política argentina. ¿Adiós Fino Palacios?)

En este tiempo de plumajes blancos

por Pablo E. Chacón

Y hoy fue el día D. Así pareció deducirse de las palabras de Carlos S. Fayt el lunes, en declaraciones a movileros apostados a la salida de Tribunales: repitió que la ley para despenalizar el uso personal de drogas no es un artificio para legalizar nada sino un instrumento imprescindible para combatir la industria del narco en sus eslabones más importantes, garantizando las libertades individuales selladas en la Constitución Nacional. Fayt recordó que siendo miembro del máximo estamento de la justicia, años atrás se opuso a una medida similar, pero que el tiempo y el nuevo escenario político y social, hicieron que considerara su posición, no sólo sobre la legitimidad de los actos personales que no afecten a propios o a terceros sino sobre las circunstancias contemporáneas, dominadas por un mercado negro de sustancias abominables que perjudican, casi sin excepciones, a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente jóvenes que a falta de un horizonte laboral y existencial, se entregan casi mansamente a la autodestrucción y muchas veces, la delincuencia. El juez, que en un principio presentó resistencias a aprobar el nuevo articulado, no dejó oportunidad para que le preguntaran lo que él aclaró: que el consumo de drogas o cualquier otra clase de adicción es un problema que compete antes que a la justicia, a la salud pública, acaso dando a entender que la popularidad de productos como el paco (pasta base de cocaína adulterada) o el vino en cartón, de venta legal, se cobra sus víctimas primero entre los que no tienen nada y recién después entre los demás. Festejar una medida que la justicia entendía podía resolverse por la vía de la represión al consumidor, sería ridículo. Fayt comprometió, en esta suerte de cruzada pedagógico-sanitaria, a las dirigencias empresarias, políticas, mediáticas y policiales pero evitó nombrar a las religiosas, que se oponen a la modificación legal (tanto como los sectores más atrabiliarios de la prensa vernácula y las llamadas madres del paco), porque para qué hablar a quienes prefieren no escuchar o machacar con el argumento de la teoría del tránsito: que una droga lleva a otra más peligrosa y después al cementerio, o bien que la despenalización es la puerta que abre la legalización, como si los argentinos fueran un hato de viciosos que se lanzarán en manada a las farmacias o a las bocas de expendio para conseguir su dosis diaria sin cargo. Pues bien: nada más errado. La ley tiene por objeto no sólo -como se dijo- resguardar la privacidad de los actos individuales, sino combatir al paco y a sus distribuidores, ya que todavía se está a tiempo de cortar esa cadena, que es de industria nacional; y después, cargar contra la caballería que tiene cómplices en los ambientes menos pensados, y no se piense sólo en la policía porque el negocio de la pobreza prospera también bajo mantos piadosos y confesionales sin provocar escándalo alguno, para no abundar sobre segmentos del aparato médico-asistencial que han convertido al dolor de vivir en una entidad nosológica susceptible de ser tratada en clínicas especializadas, con métodos especializados y fármacos regulados a precios millonarios, sin otra garantía que una reincidencia nula que cuanto mucho puede durar seis u ocho meses, a menos que el estresado de turno tenga a bien encontrar alguna pasión más fuerte que la muerte a crédito que asegura, esto sin necesidad de garantía, la compulsión que sea o fuere, desde la cocaína a la ludopatía, la anorexia, la bulimia o la pedofilia, a la que los purpurados suelen ser tan sensibles. Por supuesto, se descuentan las quejas y los escandaletes y las barbaridades y las acusaciones de libertinaje destinadas a un gobierno que no duda, perdidas las mayorías parlamentarias el pasado 28 de junio, en aprobar medidas legislativas que atentan contra el bien común y la salud de nuestros hijos, ignorando que el articulado está bajo la lupa de los supremos hace más de un año y medio, pero que era imposible plantear (y menos, aprobar) a causa de las presiones, algunas desde fuera del país, pero que siendo honesto, como siempre lo fue esta Corte, ya no podía esperar una sanción: la prensa amarilla retrata en programas y artículos de dudosa financiación, la miseria de personas que tienen tantos derechos y garantías como el que más, pero que no son rentables a la hora de articular una política de inclusión social que no sea un parche evangelizador o una cura de mercachifles con batas, estetoscopios y camisas de fuerza. Acaso llegó la hora de hacer justicia en este campo, antes que se siembren las primeras amapolas de la primavera.