"La virtud de la justicia como primera Norma de la Antigüedad"

¿De dónde sale este título?

Ayer vi el programa de Leuco. Se puede ver ahí, como en casi todos los programas políticos, el modo en que muchos periodistas y políticos opositores garabatean sus apuestas acerca de cuál será la agenda política post-kirchnerista. En el programa, Pepe Eliaschev hizo un repaso “jurídico” a varios hechos para darle impulso a una obsesión: que los delitos de la guerrilla de los años ’70 reciban su status de delitos de lesa humanidad. Ya hemos hablado sobre las fábulas del Pepe y su setentismo inocentón, la época en que él sólo ponía el perejil en la ensalada. Y en estos días, el intocable Ricardo Alfonsín (al que Lilita llama "Ricardito", y ya sabemos qué quiere decir Lilita con sus diminutivos) habló de sus diferencias en cuanto a la política de Derechos Humanos. Dijo Ricardo en una frase (en la que por supuesto no faltó "diálogo", "acuerdo", "institucionalidad") que él no discriminaría tanto y colocaría a TODOS los crímenes en el banquillo. Un debate sutil podría ser alrededor de cuáles eran las convicciones íntimas de Raúl Alfonsín sobre quiénes debían ser juzgados. Las dos críticas desde el talibanismo imbécil de los DDHH repasan tanto el juzgamiento de los dirigentes guerrilleros como la ley de obediencia debida (que estaba presente en sus primeras ideas al respecto, y que después bajo la garúa finita de laureles y bronce decidió poner bajo la alfombra... por un tiempo). Me animo a decir que quería que no se desmadren los juicios, que no se vuelvan eternos e incontrolables, que sean ejemplares, y que dentro de lo posible, se juzgue a la mayor cantidad de gente, como a muchos de la banda de Camps que finalmente liberaron, y que eran los que puntualmente en aquellos años estaban predispuestos a matarlo. (Otra cosa: es curioso y obvio cómo nadie enumera nunca a los actores con los que el oficialismo sí dialoga, sí acuerda, sí institucionaliza. Claro, el problema es que los "kirchneriza". Y la oposición sería, en cualquiera de sus formas, una fuerza oficial que se negaría a sí misma el derecho de la política: hacer propios a extraños. Basados en el cuento de que todos van a encontrar el denominador común del bien común. O sea, a mi me enseñaron que la negociación es el triunfo de las partes, es decir, sólo eso que el otro le cede al Estado y pierde es lo que elabora el bien común. Un sector económico quiere ganar mas. Punto.)

Pepe Eliaschev no abandona el lenguaje jurídico agotado de herencia alfonsinista, sigue creyendo, no que estamos en la misma aurora democrática, sí que la continuidad democrática se debe registrar casi en los mismos términos necesariamente jurídicos y refundacionales de su recuperación.

Parto de esta idea: no hubiese habido juicio a las juntas sin el precio de los “dos demonios”. Y sin una argumentación, a su vez, que vaciara de contenido político las biografías de las víctimas, extremando las consecuencias del relato penal: un grupo de personas encapuchadas secuestraron a una persona indefensa en su domicilio, y fue sometido a torturas, etc. Es decir, hay un pacto de silencio sobre las condiciones políticas de la época anterior. Pero el "relato" oficial que acompaña los juicios hoy, con su carácter reivindicativo de la causa de las víctimas, no sólo es una torpeza política, sino que provoca estas consecuencias en la eterna idea del equilibrio nacional.

Las condenas a Firmenich y Cía. no sufrieron la misma percepción simbólica, ni siquiera tienen una sola imagen pública memorable. Felipe Solá, testigo de la alocución, consultado por Leuco, se limitó a decir que se trata de un debate jurídico y no político, y que él, ignorante en la materia, creía hasta ahora, hasta ahí, hasta el instante de ese programa, que la “intervención del Estado” era la variable que delimitaba la imprescriptibilidad. Felipe se basa en un argumento político alfonsinista: si la justicia (ése oráculo, mientras otros rosquean listas) decide incluir por X razones a las acciones armadas y asesinatos guerrilleros, si cambia el paradigma del delito de lesa humanidad, Felipe se atiene al mandato divino. (Detalle: fue presentado antes de hablar, como un ex militante de la JP Lealtad.)

Quizás la justicia, llevar las cosas allí, siempre acarrea consecuencias. Como no hay una sola verdad, y las mitades de las bibliotecas que dan razones a unos y otros existen, se carece de una síntesis que sosiegue a todos. Esa es la verdad. Los hechos de un momento histórico son juzgados y son pasibles de los efectos de la justicia que, por ejemplo, permite a todos el derecho a la defensa (con la facultad de que el Estado, en tal caso, dota de defensores oficiales), con lo cual existirán siempre, ¡están en la naturaleza de la situación!, defensas personales que pretendan desbordar sus laberínticas defensas, reconfigurar el momento histórico en una guerra, y… cómo no, familias, hijos, hermanos, padres, que en la condición argentina de la “parentela de la víctima”, van a intentar igualar toda la violencia de los años 70. A veces con mayor peso, a veces con menor. Aquel remoto y repudiable asesinato de Rucci es el punto ciego, porque sucedió en el corazón de todas las batallas peronistas, cuando el “acceso al Estado”, en sus formas mas banales, podía ser moneda corriente en todas las fracciones peronistas. Que si un auto, que si un móvil, que si un teléfono… Yo soy de la idea de que si aún persistían formas y apariencias democráticas, todo delito debe ser tomado como delito, pero yo, como Felipe, de este no-sé-nada... y hablo. La interrupción constitucional y la envergadura estatal talla la figura, al menos en Argentina, de la lesa humanidad. O sea, y aunque suene caprichoso: juzguemos las violaciones que cometió el Estado a partir de 1976 hasta 1983. Nada mas. Nada mas, por lo menos, en esos términos. Si me piden razones jurídicas les respondo con mis modestos criterios ciudadanos: hablen con mis abogados.

(Ah, entre tanto debate, esta perlita del compañero Diehl.)