Kraft Crash

por Pablo E. Chacón

El jefe de Gabinete de ministros Aníbal Fernández habla con Daniel Scioli cuando se entera que la toma de la fábrica Kraft está llegando al borde de la explosión. A esa altura, sabe que hay una orden judicial que autoriza a la policía intervenir y desalojar a los trabajadores que mantienen una medida de fuerza desde hace cuarenta días, a raíz de la disposición de la empresa de echar a ciento sesenta operarios, muchos delegados gremiales. A esa altura, también sabe que correveidiles de Kraft se apersonaron en la sede del ministerio de Trabajo para decir que la empresa está dispuesta a retomar el diálogo pero de ninguna manera a reincorporar a los despedidos. Y amenazan con retirarse del país si se vieran forzados a esa reincorporación. Fernández sabe que los correveidiles de Kraft cumplen con una formalidad, y que bajo esa amenaza late una demanda: policía para desalojar la sede. Sabe también que no es el ministerio de Trabajo el que tiene poder para decidir algo así. Entretanto, las calles de la Ciudad Autónoma son un caos, cortadas por marchas y contramarchas a favor de los trabajadores, en contra de la empresa, etcétera. Y que el jefe de Gobierno, Macri, y su ladero, Rodríguez Larreta, están recibiendo los insultos de automovilistas y transeúntes, aunque el foco del conflicto está fuera del perímetro comunal. Fernández sabe (y lo dice) que tanto Macri como Rodríguez Larreta, si pudieran, mandarían a Kraft una jauría de perros asesinos para desalojar la empresa que fabrica los copos Kellogs. Fernández y Scioli acuerdan el traslado de la policía bonaerense que a las cinco y media de la tarde empieza a reprimir a los trabajadores para sacarlos de la sede central. La noticia cae como una bomba: las imágenes de los palazos, los gases lacrimógenos, los piedrazos, los detenidos, los heridos de gravedad, empiezan a circular por la tele y por internet. La policía dice que respondieron con violencia porque fueron agredidos después de presentar, como si fuera un placet, la orden judicial de desalojo. Los canales de noticias opositores al gobierno y al tratamiento de una nueva ley de medios que quitaría parte importante de sus privilegios económicos e ideológicos, son los más cebados con la sangre y casi podría decirse que ruegan haya un muerto, o dos. Pedir modales a la policía es ridículo, siempre es ridículo. Pedir que los operarios no defiendan sus puestos de trabajo es una injusticia, aunque sea inconstitucional tomar una fábrica. Inconstitucional también es mandar correveidiles a la sede de un ministerio nacional, con el guiño de un gobierno comunal, a chantajear a un gobierno constitucional. Preguntas: ¿por qué echaron los gerentes y burócratas de Kraft a los empleados? ¿Sabían esos gerentes y burócratas que muchos de esos empleados eran delegados gremiales? ¿Era necesario llegar a un punto de no retorno? ¿Qué pasa con el gobierno nacional que tiene dificultades para negociar un conflicto de esta naturaleza con trabajadores, algunos formados en la izquierda dura pero casi todos aliados tácticos? ¿Pueden pasar cuarenta días sin que esta cuestión aparezca en la tapa de los diarios excepto cuando hay violencia? ¿Puede un proyecto de ley tomar todo el espacio radiográfico y audiovisual en detrimento de un problema gremial que incluye el trabajo y la pérdida de trabajo e ingresos para cantidad de familias a la cual la ley de medios poco cambiará sus vidas? ¿Pueden los conglomerados mediáticos elegir qué cosa sí y qué cosa no va en tapa si la competencia se hace competencia en serio? ¿Sabemos por qué los gerentes de Kraft echaron a ciento sesenta operarios, algunos delegados gremiales? ¿Sabemos?