Medición y comunicación

(Por Emanuel Damoni)

Medición y comunicación

Luego de darse a conocer el índice de inflación del mes de marzo elaborado por el INDEC volvió la polémica que había quedado relegada por el lockout de las corporaciones del agro.

A esta altura el fracaso de sus mediciones resultan funcionales al descrédito no sólo de Moreno o de la política de control de precios del gobierno, también, y aún más importante, al descrédito de lo público.

Cuando en los años 90 el tsunami privatizador estaba en su punto más alto, una de las primeras operaciones de ese proceso consistía en mellar la legitimidad de los ámbitos públicos. Así, por ejemplo, al sistema educativo estatal se lo fue vaciando de recursos económicos destinados a infraestructura y salarios, de modo de ir arando el terreno para crear el mercado privado de la educación que vendría a resolver todos los problemas. Este mismo mecanismo se aplicó o agudizó en el sistema previsional, en la salud o en las empresas estatales de servicios, construyendo el sentido de que lo estatal no era bueno, ni confiable ni eficiente. Y ese resultado fue masivo socialmente porque se basaba en hechos de la realidad.

Todas las instituciones públicas están sujetas a relegitimarse constantemente a partir de sus gestiones. El Indec realiza, o debería realizar, una tarea de suma precisión; sus resultados, entonces, quedan expuestos de forma muy clara así como la evaluación social de su desempeño.

Las mediciones son un campo con especificidades. La canasta básica es una categoría compleja, a construirse, que no puede estar elaborada con los mismos elementos durante mucho tiempo. En una sociedad compleja, donde los consumos son bien distintos, se debe establecer un recorte que debe sí o sí ser muy bien explicado.

La medición actual de inflación esta deslegitimada porque cuando la población consume encuentra diferencias muy importantes entre los precios que divulga el organismo y los que paga de su bolsillo.

Pero no se puede hacer demagogia con esto: ningún índice en el mundo va a satisfacer al conjunto. Éste es heterogéneo, en sus hábitos, necesidades y posibilidades de consumo. Lo que sí debe satisfacer a las mayorías es una política integral que controle las variaciones de los precios.

Ahora, como es algo que requiere mucha sofisticación en su proceso de elaboración, también requiere mucha sutileza al momento de ser comunicado, incluso más que al momento de ser elaborado.

La elaboración de un nuevo índice implica, en el tiempo, tener una política para contener los precios de los nuevos bienes a medir. Sólo así se podrá cerrar el circuito que legitime socialmente a la nueva medición.

Esas son decisiones de política económica que implican otras instancias, por ejemplo: qué hacer con los monopolios u oligopolios productores de determinados bienes (el caso más paradigmático puede ser el del aluminio, que, producido por una sola empresa, es utilizado por una enorme cantidad de productos de la canasta básica.). O qué política darse para aumentar la producción y por ende la oferta de determinados bienes para bajar su precio en el mercado interno y para aprovechar la extraordinariamente favorable coyuntura económica internacional para un país como el nuestro.

Más allá de los bonos de deuda pública que se ajustan por inflación, que implican una enorme cantidad de fondos, hay consecuencias políticas peligrosas en la obstinación de mantener un Indec bobo. Este gobierno, el que terminó en diciembre y el actual, han hecho mucho por desarticular la trampa neoliberal heredada de aquellos años. Es un error, que además están capitalizando los nostálgicos de los años 90 a través de sus consultoras, mantener al Indec en esta situación. La demora en el anuncio del nuevo índice de inflación, y su consecuente política de control de precios, prolonga una situación que no favorece al gobierno centralmente ante su propia base social, los más postergados.