Parque Roca

Informe.

Guitarreada: en una especie de utopía republicana la división de poderes debe velarse no solamente para su amada independencia, sino también para que en materia de derechos y garantías no existan vacíos. Ignoro las resonancias constitucionalistas, teóricas o las vaguedades que una afirmación así puede despertar... pero desde hace varios años la justicia porteña (y no solamente la que ejerce el polémico juez Gallardo) viene actuando alrededor de los vacíos y las intemperies que deja el ejecutivo porteño (Ibarra, Telerman y Macri, sucesivamente) y cuya defensa general, en todos los casos cuando los fallos lastiman, se ciñe a la "violación" del ámbito ejecutivo de parte del judicial. No pretendo igualar mi "juicio" sobre esos gobiernos porteños, sí marcar una lógica continua en todos.

Trabajé en el estado porteño en momentos en que una sentencia sobre un amparo presentado por una familia de cartoneros (promovido entre otras cosas por la violación a la ley 992) pretendió obligar a que el gobierno porteño pague un subsidio a cada cartonero que trabajaba en la ciudad por cada uno de los hijos menores de edad. El efecto resonante y "escandaloso": miles de cartoneros y de familias pobres (en su mayoría del conurbano) se desplazaron a los CGP's para ser registrados y beneficiarse de lo que la sentencia dictó. En dos meses en el CGP de Lugano (el 8) registramos a mas de 3 mil cartoneros que llegaban (en algunos casos en micros) desde Lanús y Lomas de Zamora principalmente. El gobierno de Ibarra apeló, basado en términos generales en lo mismo que detallé mas arriba, y la Cámara suscribió a los argumentos del ejecutivo. Punto final. Todo lo cual hizo que los meses de trabajo, y, sobre todo, las ilusiones de miles de familias pobres de poder cobrar el subsidio para los pibes (en virtud de que no trabajen, ni abandonen la escuela, o que vuelvan a ella) se hicieron añicos. El trastorno administrativo que un fallo así generó es natural porque los tiempos políticos mas finos, o los tiempos burocráticos, etc., son los que maneja el ejecutivo. La justicia -aún en su afán de ser justa- entendieron todos que no puede precipitar o fijar direcciones en las políticas públicas, ni establecer en qué gasta la plata un gobierno, aunque sí velar porque cumpla ese gobierno la ley (en ese caso una ley que el mismo gobierno impulsó). Fue peor el retroceso. Porque como dijo Emilio De Ípola: en política a veces es peor tener que retroceder, que no hacer nada. Sin embargo no fueron retrocesos de las acciones de un gobierno, digamos, fueron retrocesos al interior del aparato estatal, motivados por pugnas internas, materializados en dos poderes. El costo social de la desilusión de esas familias es inmedible.

Hablo de lo que aprendí de esos años, y de por qué la justicia, cuando se trata de amparos o causas de fuertes consecuencias sociales, debe actuar como la mas fría posibilidad de que exista, sí, una última palabra. En ese momento esa sentencia (del juez Gallardo) conectaba con la dinámica de organizaciones sociales (muchas afines al propio juez, lo que no es ningún pecado) y mas allá de viejas rencillas e internas que también se colaban, eso colocaba a la justicia en un borde peligroso: el de brindar a un problema político una salida judicial. Es la política y no la justicia lo estúpido, ya que había agotado sus recursos para resolver "el drama de los cartoneros". El límite, parece estar, para una parte de la justicia porteña, en esos lugares donde la acción u omisión de la gestión es de vida o muerte... Y de eso se trata, de una justicia que actúa sobre la lenta condena que pesa sobre los mas pobres en esta ciudad, como si fuese la inercia activa de una leve declinación de las políticas que, gradualmente, va agotando sus recursos sociales. Como es este caso, el de quienes tienen derecho a una vivienda digna, y viven en un campamento de refugiados diseñado para seis meses de hospedaje, llevan dos años, y se ha triplicado como mínimo la población residente. Y se trata de un derecho cuyo rango constitucional (el de la vivienda) parece tallado "en la mas alta y fría de las tablas", porque todo indica que en países como el nuestro, la constitución fue escrita por ángeles que grabaron sus sueños en las piedras, cerca del cielo, cuya letra sigue rodeada del aura celestial, para que finalmente y simplemente sean hombres de carne y hueso los que expresan la verdá-de-la-milanesa, o sea, el sucio rol de despertar de esos sueños a una realidad donde las palabras son hembras y los hechos son machos. Bien. No es solo el delito, ni la financiación de la política, lo que separa a la política de la ley, como les gusta pensar a muchos. La justicia debe interiorizar los tiempos políticos y estatales, para no poner finalmente los sueños de mucha gente de rehén. La justicia no puede ser la soñadora de la sociedad en voz alta. Pero sí puede ser una herramienta de lucha para aquellos que aún luchan. Y este es el caso. Y Macri (como Ibarra y Telerman) se basa en argumentos republicanos formales para violar sistemáticamente la ley. Esta vez la justicia es justa por las dos cosas: porque se apega a la ley, y porque es racionalmente política en el cumplimiento de ella.

Mientras tanto, las casas definitivas que corresponden a la gente incendiada que vive en el asentamiento de Parque Roca las construye la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con fondos del Plan Federal, mediados (con lentitud y chicanas) por el gobierno porteño (IVC), utilizando mano de obra calificada del mismo vecindario, en un obrador en Castañares y Gral. Paz, todavía dentro de la ciudad en la que todos tienen derecho a vivir.